Con fuerte polémica Ley de financiamiento continua su curso

alvatocomunicaciones
3 dic 2018
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Está entre críticas y aceptaciones. Ponencia se prepara para una semana bajo potente lupa.

Un poco más de la mitad de la plata necesaria para completar el presupuesto del 2019 es el umbral al que llegan las medidas definidas en la ponencia oficial de la ley de financiamiento, que, tras un largo proceso de ajustes y controversias, logró dar un paso adelante: el miércoles fue radicada en el Congreso y tuvo ya una jornada de debates en comisiones económicas.

Los sectores que esperan el financiamiento de algunos de sus programas demandan en total 14 billones de pesos, de los cuales, si la ponencia –como está hoy– obtiene el visto bueno en primer debate y se mete en la agenda de las plenarias, recaudaría 7,5 billones de pesos.

“Prefiero recaudar 7 billones de pesos bien recaudados que caer, simplemente, en el ímpetu recaudador y perder la coherencia de la reforma; por eso hemos preferido esa actitud para enfrentar las dificultades”, señaló el presidente Iván Duque. Con los recursos esperados será necesario escoger, según prioridades, lo que podrá financiarse y lo que no, situación que dará pie a una reñida puja porque todos los sectores van a querer salvarse del inminente recorte o congelamiento, como lo ha denominado el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Ampliación de cobertura y servicios de salud, 529 millones de raciones de alimentación escolar, créditos Icetex para acceso a educación superior, subsidios de energía para 11,3 millones de familias, cinco ciclos de familias en acción para 2,4 millones de familias son algunos de los gastos desfinanciados que forman parte de la lista presentada por el Gobierno al lanzar el proyecto original.

Según Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, “no sabemos cuál será la estrategia para afrontar tan tremenda restricción en los ingresos esperados. Ese será el debate al despuntar en 2019”.

Falta pedalear por más

Por la importancia de los programas en capilla, para ser objetos de congelamiento en sus inversiones, en el ajedrez de posibilidades para la ley de financiamiento también está la de mover más fichas, de manera tal que el Gobierno logre la totalidad de los recursos que le faltan al presupuesto, lo que –para algunos expertos– no está tan alejado de la realidad económica, pero sí –y mucho– de la realidad política. En términos económicos, según los expertos Luis Jorge Garay y Jorge Espitia, “ir solo por un poco más de 7 billones de pesos es inaceptable, puesto que los gastos sociales son exigencias, no necesidades”. En ese contexto, plantean, entre otras alternativas, topes a las deducciones de las personas jurídicas ($ 2 billones), impuesto al patrimonio a personas naturales y jurídicas de manera permanente (hasta $ 6 billones); un rango adicional, de 30 por ciento, en el impuesto a dividendos para ingresos superiores (hasta $ 1,5 billones) e IVA presuntivo a unos 700.000 contribuyentes de los ingresos más altos, como compensación por beneficiarse de las exclusiones de ese impuesto a la canasta familiar ($ 1,6 billones)”. De hecho, según el congresista Jhon Milton Rodríguez, en las mesas de trabajo que elaboraron la ponencia quedaron propuestas algunas estrategias ‘colchón’ que se pondrán a consideración en los próximos debates. Una de estas es precisamente la del IVA presuntivo, que, según cálculos preliminares, podría aportar 2,2 billones de pesos.

De corto alcance

Para Sergio Clavijo, director del Centro de Pensamiento Económico Anif, el alcance de la ponencia también es corto. “Para que el plan B tributario fuera exitoso, debería incrementar de forma permanente la relación recaudo-PIB en no menos de 1 punto porcentual, de 2019-2022”. Pero las cuentas de Anif indican que “para 2020, el recaudo ahora estaría cayendo (-0,3 % del PIB) y en -0,5 % del PIB hacia el 2022”. En medio de esos números hay otro tablero que no se descarta para este proyecto: el hundimiento, toda vez que en la primera jornada en las comisiones económicas, si bien fue negada la proposición que pedía su archivo, no cesa la controversia. Una vez puestas en la mesa todas estas cartas, hay que destacar que el proyecto, según algunos expertos, mejoró en comparación con la idea original, cuya columna vertebral era el IVA a la canasta familiar. El Consejo Gremial, que agrupa las principales organizaciones económicas del país (23), mostró su respaldo a la ponencia para primer debate, al considerar que “contribuye a la equidad social, el crecimiento económico y la formalización”.

Así está el rompecabezas

En esta oportunidad, la ponencia conserva la filosofía del proyecto original, es decir, alivio a las empresas a través de una reducción del impuesto de renta, del 33 por ciento, hasta el 30 por ciento en el 2022, más una carga mayor a las personas naturales con altos ingresos, con lo cual, según subrayó el presidente Duque, “intentamos resolver ese entuerto de tener un sistema empresarial agobiado por la carga tributaria, y lo que presenta esa ley es una reducción sustancial de la tasa efectiva de tributación para que se generen empleos, se pague mejor y tengamos mejor entorno de desarrollo empresarial”. Entre las fuentes que hoy juegan, para obtener recursos, se destacan el retorno a la tarifa general del IVA del 19 por ciento, ante la caída de la idea de gravar toda la canasta, pero con una tasa menor. También se conserva la tarifa del 5 por ciento. Se aplicará un IVA plurifásico a la cerveza y bebidas azucaradas, con lo cual el impuesto será cobrado en varios tramos de la cadena de producción. El impuesto al patrimonio se aplicará durante cuatro años, en general, sobre personas naturales con una tarifa de 1,5 por ciento para patrimonios de más de 5.000 millones de pesos. Los dividendos se gravarán al 15 por ciento a partir de 10 millones de pesos, cifra que se redujo, pues era de 20 millones. En la propuesta persiste el régimen simple, para restaurantes, cafeterías, panaderías y similares, que, al unificar varias de sus obligaciones tributarias, estarían excluidos de IVA. Quedaría excluida de IVA la venta de inmuebles, pero con impuesto al consumo de 2 por ciento cuando los montos superen 26.800 UVT ($ 918 billones). Javier Hoyos, de la firma Gestión Legislativa, destaca que “la retención en la fuente aumentaría a partir de ingresos de 4’970.000, rango que hoy tiene la tarifa de 28 por ciento y pasaría a ser de 33, hasta el 39 por ciento para ingresos superiores a 78’821.000 de pesos”.